72 ANIVERSARIO DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

72 años de la declaración universal de los derechos humanos

FRANCISCO JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ5 DE DICIEMBRE DE 2020, 11:58
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos deberíamos gozar de los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Todas los Gobiernos y autoridades Enel ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y con las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito y es condenado en sentencia firme.Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos.
Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados tienen obligación de asumir las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de su respeto significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra cualquier persona o grupo étnico. La obligación de realizarlos significa que los Estados deber adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. En el plano individual, debemos respetar y proteger los derechos humanos de los demás.
La aplicación, promoción de los derechos humanos están obligadas todas las Instituciones de los Estados, así como sus autoridades, rigiéndose por los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad.
El principio de Interdependencia consiste en que cada un de los derechos humanos se encuentran ligados unos a los otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentra vinculados. Grandes escritores e intelectuales han dicho con frecuencia reiterada que habrían dado cualquier cosa por haber sido autor de alguno de los articulados de uno de los 30 artículos.
En su “Preámbulo” la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Que mejor forma que citar y recordar algunos párrafos de la declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deber comportarse fraternalmente los unos con los otros” “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Cuanto nos queda para que su cumplimiento sea efectivo desde su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre 1.948.
Francisco José Alonso Rodríguez | Presidente Liga Española pro-Derechos Humanos, Federación Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España.

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN POR DEMETRIO MADRID LOPEZ -EXPRESIDENTE CASTILLA Y LEON

Demetrio Madrid apuesta por cambios constitucionales en la organización territorial del Estado, el Senado y la Ley de Sucesión

CONSITUCION ZAMORA DEMETRIO MADIRD

El expresidente de la Junta de Castilla y León participa en el acto ‘La Constitución Española. Pasado, presente y futuro. Retos en el siglo XXI’
El expresidente de la Junta de Castilla y León Demetrio Madrid, consideró hoy “necesarios” cambios en la Constitución Española por lo que se refiere al Título VIII ‘De la organización territorial del Estado’ y al Senado, que “hay que modificarlo claramente”, así como “meter las comunidades autónomas con su nombre y apellido, modificar la Ley de Sucesión y poner a la mujer a la misma altura que el hombre e incluir que estamos en Europa”.
Demetrio Madrid, quien aseguró que “quiero tanto a la Constitución que, por eso, la quiero cambiar”, recordó que las reformas “son necesarias” pero exigen “un acuerdo previo”, al margen de los intereses ideológicos. “Hacen falta los Pactos de la Moncloa de este momento, es decir, ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales y no ir con ese sentido partidista de cada uno de los grupos políticos”, subrayó.
Madrid López hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, antes de participar en el acto ‘La Constitución Española. Pasado, presente y futuro. Retos en el siglo XXI’, organizado por la Diputación Provincial de Zamora y el diario digital Zamora 24 Horas, con motivo del cuadragésimo segundo aniversario del texto constitucional español.
“Nosotros llevábamos años intentando que la situación de España se resolviera de una forma pacífica, como así fue, de la dictadura a la democracia. Tras las Elecciones del 28 de octubre de 1977 se formaron las cámaras y la primera petición que hicimos el grupo Socialista fue crear una comisión constitucional para elaborar la Constitución Española, que salió en 1978”, relató el que fue primer presidente de la Junta de Castilla y León.
“Trabajamos con toda la ilusión, sabiendo lo que estábamos hablando porque lo habíamos previsto antes de pasar a un sociedad democrática, libre, constitucional y en Europa”, añadió.
En este contexto, Demetrio Madrid valoró el hecho “de interés, aunque se dice poco”, de que la Carta Magna fue fruto de un acuerdo previo con los Pactos de la Moncloa. “Esto tiene relación con el momento actual porque muy distintos partidos políticos, con lejanas relaciones, supimos ponernos de acuerdo y dejar todas las diferencias partidarias e ideológicas para construir la Constitución Española”, rubricó.
“Esos contenidos democráticos de la libertad, de habernos sacudido el franquismo y de estar con una situación muy avanzada estos 42 años, han permitido que la sociedad española sea avanzada y de bienestar, independientemente de que no todos los problemas los soluciona la Constitución”, concluyó.
La sesión, con el formato de mesa redonda, moderada por el director del diario digital Zamora 24 Horas, Ángel García, contó también con la participación del doctor en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Salamanca Aquiles Magide, la magistrado del Juzgado número 6 de Zamora, María Isabel Aguado, y el primer presidente de la Diputación de Zamora en el período democrático, José Miguel López.

NI ACEPTO NI COMPARTO

NI ACEPTO NI COMPARTO
Francisco Jose Alonso Rodriguez (Presidente DNI 239.869W)

En nombre de la Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Española Pro Derechos Humanos-España, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que fue admitida y apoyada, abriendo diligencias por la denuncia que realizamos contra Don Javier Ortega Smith (Secretario General de VOX).
Ante un programa de máxima audiencia de TVE el Sr. Ortega Smith dice: “Sabe usted de las torturas de las checas de Madrid, sabe cómo se ha mentido en la historia, hablando de algunas que se llamaban las “Trece Rosas” y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometieron crímenes brutales”. Sin profundizar más en la entrevista dichas afirmaciones las consideramos constitutivas de delito de calumnias y provocación al odio.
Recordemos en su sentencia de 6 de julio 2006 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: “Es de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.”
Por todo ello no puedo aceptar ni compartir el Archivo de la querella y denuncia contra el Sr. Ortega Smith por decir que las Trece Rosas “Torturaban, asesinaban y violaban”.
El Tribunal Supremo nos recuerda que dichas “afirmaciones del Sr. Ortega Smith pueden constituir un sentimiento lesivo para la dignidad de estas personas”. Olvida el Tribunal Supremo que dichas afirmaciones dañan a tantas personas vinculadas o no con las “Trece Rosas” ya que nunca fueron juzgadas por las calumnias que sobre ellas formula el Sr. Ortega Smith.

SAHARA OCCIDENTAL: 45 AÑOS DE ABANDONO

SAHARA OCCIDENTAL: 45 AÑOS DE ABANDONO,

España abandonó y vendió el Sahara Occidental sin concluir el proceso de descolonización que se había iniciado y sin respetar su derecho a la autodeterminación como el resto de los Pueblos del continente africano. Recurrió, para ello, al ilegal Acuerdo Tripartito de Madrid, traicionando todas las promesas hechas al pueblo saharaui.
No obstante, después de 45 años de su firma (1975-2020), la responsabilidad española persiste en la actual situación conforme al Derecho Internacional. No se puede olvidar que dichos Acuerdos son nulos de pleno derecho, ya que no cabe legalmente ceder de forma unilateral la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar. Por lo tanto, el Estado español sigue siendo la potencia responsable, de iure, del territorio según Naciones Unidas.
La violación del Derecho Internacional en el Sahara Occidental no solamente ha arrojado al pacífico Pueblo Saharaui a un drama que sigue sufriendo sus trágicas consecuencias, sino que también ha provocado en toda la región del norte de África una inestabilidad permanente hipotecando todo intento de lograr un desarrollo económico, social y político, tan ansiado y necesario para la región.
En definitiva, es la hora del cambio en la postura del Estado español con respecto al Sahara Occidental, para diseñar de forma firme y decidida una política valiente y digna para la descolonización de dicho territorio y la autodeterminación de su pueblo y el respeto a sus derechos humanos
España debe asumir un papel más activo, en la búsqueda de una solución urgente, justa y definitiva, mediante la aplicación del Plan de Arreglo de la ONU y la Organización de la Unidad Africana para la celebración de un Referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sahara Occidental, tal y como recogen y reiteran todas la Resoluciones de Naciones Unidas.
Lo único que se pide, es una política que permita al Estado español reparar el daño causado con el abandono del Territorio.
La neutralidad no existe a la hora de aplicar el Derecho Internacional. Quien no apoya su cumplimiento está apoyando su violación, como decía DESMOND TUTU “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
Igualmente, La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, expresamos nuestra solidaridad con todos los presos políticos saharauis en Marruecos y, de manera muy particular, con los de GDEIM IZIK cuando se cumplen 10 años de la injusta sentencia contra ellos, así como pedimos al Gobierno español exigir a Marruecos la inmediata liberación de todos ellos y el respeto a los Derechos Humanos de la población saharaui en los territorios ocupados.
También queremos denunciar la brecha ilegal del Guerguerat utilizada por la potencia ocupante marroquí para el saqueo de los Recursos Naturales del Sahara Occidental, como expresar nuestra solidaridad y apoyo a los civiles saharauis que se encuentran manifestándose en la zona de forma pacífica y ante dicho paso ilegal, a pesar de todo tipo de violencia utilizado por Marruecos. “Sin ruido no habrá solución al problema del Sahara Occidental”.

Francisco José Alonso Rodríguez
Presidente

LA MASOFOBIA EN LAS CALLES DE MADRID

Estoy convencido que algo se esta haciendo mal, algunos solo piensan en ellos más que en el grupo y la sociedad, así como las intrigas internas que dañan tanto.
La masofobia resuena en las calles de Madrid

“El masón, al paredón”. Esta terrible consigna resonó ayer en Madrid durante la concentración en contra de las medidas sanitarias adoptadas por nuestras autoridades para tratar de contener la pandemia de Covid-19. No es la primera vez que ese grito de odio suena en España: entre 1936 y 1978 ser masón en España era un delito. Sin embargo, hoy, en la España democrática, el delito es el odio al diferente, castigado por nuestro Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años.

Son las autoridades competentes, no nosotros, las que deben determinar si ayer, ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, se produjo un delito de odio. A nosotros, desde la serenidad, nos toca reflexionar sobre las raíces profundas de ese odio hacia nuestra orden. Dicho de otro modo, ¿es evitable la masofobia? Creemos que no. La masonería, como cualquier otra institución, lleva mucho tiempo explicando qué es y a qué se dedica. Ya hemos visto esta reacción en otros momentos de la historia. La masonería siempre atraerá odio porque, en esencia, es amor. Del más puro que pueda imaginarse: fraternidad humana sin importar la raza, la nación, la clase social, el credo religioso o las ideas políticas.

La masofobia es un síntoma, allí donde aparece, de que algo no va bien. Ayer fuimos atacados desde el fanatismo y la ignorancia. A la hora de salir de su ignorancia y perseguir la verdad fenomenológica, el ser humano cuenta desde hace siglos con el método científico: los hechos deben demostrar las hipótesis que formula. En nuestros días, sin embargo, hay un retorno a la probatio diabólica medieval: creer firmemente en una idea, aunque no pueda demostrar que es cierta, porque es indemostrable que no es cierta.

Bajo estos esquemas de pensamiento, propios de la ignorancia y el fanatismo, desterrados por la lógica, ajenos a la ciencia, prolifera en nuestros días todo tipo de desinformación sobre la pandemia que padecemos. Lo más terrible no son las ideas en sí, ni que algunas de ellas nos incluyan en sus delirios. Lo más terrible son los actos que provocan, de consecuencias sanitarias insospechadas, como una concentración de miles de personas que incumplen, desconfiando de la ciencia, las medidas de distancia social y protección decretadas para contener los rebrotes.

CONDENA LA ANEXION POR PARTE DE ISRAEL TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS

La Liga Española Pro Derechos Humanos y La Federación Española Pro Derechos Humanos-España. Declaración de CONDENA sobre la Anexión de Israel de parte del Territorio Palestino ocupado.

Fecha: 6 de julio de 2020
La Liga Española Pro Derechos Humanos y la FIDH-España, condena la decisión de Israel, que cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, de continuar avanzando hacia la anexión ilegal del territorio palestino ocupado. Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato y a tomar todas las medidas a su alcance para evitar este intento ilegal de Israel. La anexión pretende consolidar 53 años de ocupación del territorio palestino y es una violación directa y fundamental del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. En el momento en que las Naciones Unidas se preparan para celebrar el 75º aniversario de la Carta, la comunidad internacional debe reaccionar con rapidez condenando la conducta de Israel y los Estados Unidos por ser ilegal, trabajar seriamente para poner fin a la ocupación y velar por el respeto de los derechos del pueblo palestino, entre otros, el derecho a autodeterminación y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales.
El artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra protege firmemente los derechos inviolables de la población palestina de cualquier “anexión por esta última [la Potencia ocupante] de la totalidad o de parte del territorio ocupado.” Además, la Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exige la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados, mientras que la Resolución 478 (1980), establece que “todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén [...] son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente”. La Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas subraya una vez más que la implantación de asentamientos ilegales por parte de Israel constituye una “flagrante violación” del derecho internacional y “no tiene validez legal”. De conformidad con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional, todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que contravengan el derecho internacional o de prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación ilegal.
El continuado incumplimiento por parte de terceros Estados, que incluso forman parte del Consejo de Seguridad, de la obligación de adoptar y aplicar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación está teniendo un efecto gravemente perjudicial y de gran alcance en cuanto a la eficacia del derecho internacional. Aunque muchos Estados y organizaciones internacionales han condenado la inminente anexión, es imprescindible que los Estados adopten medidas positivas y significativas para hacer frente a la continua violación del derecho internacional por parte de Israel.
El incumplimiento de esta obligación supone legitimar la ocupación, consolidar el apartheid y permitir que continúen, cuando no aumenten, las violaciones de los derechos humanos de la población palestina, como advirtieron 47 expertos de la ONU en una declaración en la que instaban a la comunidad internacional a garantizar la rendición de cuentas ante una nueva anexión de territorio palestino.
Por consiguiente, la Liga Española Pro Derechos Humanos y la FIDH-España hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los Estados para que, de forma tanto individual y como colectiva, adopten medidas concretas e inmediatas para poner fin a la prolongada ocupación israelí del territorio palestino ocupado y reafirmen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la unidad nacional e integridad territorial de Palestina, y en particular que: • rechacen la afirmación de Israel de soberanía sobre el territorio palestino ocupado; • reconozcan inmediatamente el Estado de Palestina y promuevan su plena incorporación a las Naciones Unidas; • Decidan y adopten sanciones económicas y otras medidas para evitar contribuir al desarrollo de los asentamientos israelíes y, por consiguiente, excluyan los productos de los asentamientos del mercado de los Estados, excluyan los asentamientos del ámbito de los tratados bilaterales y disuadan activamente a las empresas de mantener relaciones Decidan y adopten sanciones económicas y otras medidas para evitar contribuir al desarrollo de los asentamientos israelíes y, por consiguiente, excluyan los productos de los asentamientos del mercado de los Estados, excluyan los asentamientos del ámbito de los tratados bilaterales y disuadan activamente a las empresas de mantener relaciones comerciales y de inversión con los asentamientos; • garanticen la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas de este conflicto.

Francisco José Alonso Rodriguez
Presidente

Carta a Pedro Sanchez sobre el Sahara Occidental

• عربيExigen a Pedro Sánchez denunciar públicamente la ilegalidad de los tristemente célebres “Acuerdos de Madrid” y asumir responsabilidades en el Sahara occidental
SPS 15/06/2020 – 14:00

Madrid (España), 15 de junio de 2020 (SPS)- La Liga Española Pro Derechos Humanos se ha dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exigiendo acciones concretas para hacer cumplir la legalidad internacional en el Sahara Occidental y responder ante el “espíritu de sacrificio, valentía, paciencia y dignidad del pueblo saharaui”.
La organización que promueve la defensa de los derechos humanos ante organismos internacionales le recuerda a Pedro Sánchez que “España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, violando deliberadamente los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas”.
La misma organización insiste que “no existe ningún estado miembro de la comunidad internacional que reconozca la legalidad de la presencia del régimen marroquí en el territorio no autónomo del Sahara Occidental y subraya que “un elevado numero de estado ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática y ha establecido relaciones diplomáticas con su gobierno, representado por el frente Polisario”.
Al hilo, la acreditada organización advierte que “los tristemente célebres “Acuerdos de Madrid” fueron un instrumento ilegal, cuya no denuncia ha arrastrado a una desestabilización en toda la zonas, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y expolio de recursos de subsistencia son el triste legado de dichos acuerdos”.
Por ello, en la carta se hace un llamamiento al Gobierno de España y a todas las fuerzas políticas que conformar “el amplio arco parlamentario” denunciar con carácter de urgencia los “Acuerdos de Madrid”, además de la inmediata restitución de la nacionalidad española a todos los censados en 1974 y a los descendientes que lo deseen o soliciten.
Para finalizar, La Liga Española Pro Derechos Humanos expone ante presidente del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos la experiencia de Timor Leste en su autodeterminación, por lo que exige a España, como potencia administradora del territorio, trabajar con la ONU para proteger al pueblo saharaui, sus recursos naturales y su promoción hasta la descolonización con celebración del referéndum de autodeterminación.
En la misiva enviada a dos días de celebrase el 50 aniversario de la masacre de Zemla y la desaparición del líder saharaui Sidi Brahim Basiri, La Liga Española Pro Derechos Humanos, con más de un siglo de trabajos, renueva su plena confianza en que el Gobierno reflexione ante su responsabilidad histórica y se sume a la “defensa de tan justa causa”.

CORONAVIRUS

MADRID 3 ABRIL 2020
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL PRO DERECHOS HUMANOS-ESPAÑA.
COMUNICAMOS:
Queremos manifestar nuestra honda preocupación y su condena de lo que parece ser una estrategia de desestabilización social que intentan sacar provecho del miedo, la frustración, la incertidumbre y la extrema vulnerabilidad de la ciudadanía en estos trágicos momentos.
Desde que se acordó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, así como desde que hemos tenido que afrontar la difícil situación de confinamiento debido al virus COVID-19, han sido muchos los bulos que a través de las redes sociales se han virilizado, y que tienen como objetivos, entre otros, sembrar la desconfianza hacia las instituciones, estatales o autonómicas, y hacia sectores como el sanitario, por ejemplo sobre diferentes medicamentos, vacunas o remedios inexistentes, para crear una inseguridad innecesaria en la sociedad durante esta crisis a nivel mundial.
Nos estamos enfrentando a una catástrofe sin precedentes en nuestro mundo y ante la que ningún país estaba preparado, y más allá de los errores que sin duda se habrán cometido y se cometerán, lo que la magnitud de esta tragedia requiere es una acción responsable y solidaria de todos los que conformamos nuestra sociedad. La utilización de la desgracia colectiva para crear, a base de bulos e informaciones tan escandalosas como falsas, un estado de opinión que favorezca a ciertos sectores, e incluso que sea aprovechado para intereses políticos partidarios, resulta gravemente irresponsable.
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante la avalancha de noticias falsas o ‘fake news’ que está inundando las redes sociales, y no dude en denunciar públicamente los casos de manipulación informativa que atenten claramente contra su derecho a una información veraz, evitando contribuir a su propagación .llamamos a la responsabilidad, la cohesión y la solidaridad de toda la ciudadanía para superar la tragedia de esta pandemia y salir adelante colectivamente, como país, como sociedad y como seres humanos.
Así como pedimos un ejercicio de responsabilidad a los Partidos Políticos y al Gobierno para que dejen sus intereses particulares para centrarse en el interés general de la sociedad. Dejando cualquier responsabilidad Política como Judicial para después de la derrota de esta Pandemia, así como se centren en dotar de medios tanto a la Sanidad como a las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo sus funciones.
Francisco José Alonso Rodríguez Presidente

LA FEDERACION DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL, GRANDE ORIENTE ESPAÑOL Y LEPDDHH RECHAZAMOS EL “PIN PARENTAL”

27 DE ENERO DE 2020
RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE EL USO DEL LLAMADO ‘PIN PARENTAL’

“Este veto parental es una censura para la educación de los menores en derechos humanos”

El Gobierno de Murcia, presidido por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y VOX, el pasado septiembre fue el primer ejecutivo autonómico en aprobar el llamado ‘pin parental’, que consiste en un veto para los menores en los centro educativos, que podrían perder actividades complementarias sobre materias tan variadas e importantes como igualdad, violencia de género o discriminación, solo si los progenitores no autorizan expresamente a que acudan.

Hasta ahora, estas actividades han sido impartidas durante la jornada escolar y programadas por los colegios, evaluables y de obligada asistencia, precisamente porque proporcionan a los menores herramientas afectivo-sexuales, son promotoras de derechos humanos y potencian los valores como la igualdad, respeto y tolerancia.

Desde VOX se pretende que esta medida se aplique sobre “cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”. Dichos fundamentos carecen de base, convirtiendo este veto en una suerte de censura para la educación de los menores en derechos humanos. Con dichas actividades no existe intromisión alguna sobre los menores, muy al contrario, su aplicación es una vulneración constitucional del derecho a la educación, que fundamenta que se eduque a los menores en derechos humanos, y en entender cuestiones tan importantes como el acoso escolar, la violencia de género, la identidad de género, el feminismo, la discriminación o la diversidad LGTBI.

El artículo 27.2 de la Constitución Española, establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Así mismo, la Ley de Educación, en su artículo primero, afirma que se debe formar a los menores en “valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

Por tanto, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, previsto en el apartado tercero del mismo artículo 27, no es absoluto, sino que dicha formación tiene que ser, en todo caso, respetuosa con los derechos y libertades fundamentales contemplados en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.

Además, este veto afecta a otros derechos fundamentales como a la libertad de cátedra (art. 20 CE), y a normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Por tanto, si llegase a aplicarse el sistema educativo se tambalearía con la aplicación de este veto parental, que podría suponer una objeción de conciencia no amparada legalmente, la instrumentalización de los menores y de la educación que se imparte en las aulas, sacando de las mismas toda materia que suponga formación en derechos humanos.

Otras organizaciones alertan del peligro que ello conllevaría, como por ejemplo Amnistía Internacional que ha expresado su angustia por la medida, indicando que es tan absurdo que “incluso conllevaría que no pudiese enseñarse a los niños la teoría de la evolución de Darwin”. Además, las actividades que pretende vetar el ‘pin parental’ solo han sido denunciadas en Cataluña, La Rioja y Madrid en número anecdótico, y que fundamentan que la medida es totalmente innecesaria. Ninguna queja o denuncia se ha producido en Murcia.

No obstante, el gobierno central ya ha dado un ultimátum al de Murcia, concediéndole un mes para que retiren este veto parental, advirtiéndoles que si no lo hacen tendrán que acudir a los tribunales para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. La ultraderecha de VOX pide que se implemente el ‘pin parental’ de lo contrario dejará de apoyar el gobierno del PP en Murcia, por lo que no tendría apoyos para conseguir aprobar los presupuestos generales. Dicha censura es una herramienta política que no pretende proteger a los menores, sino que amparándose en la justificación de proteger la libertad de los padres se lesiona la libertad de los hijos a ser formados en una formación integral basada en derechos humanos y valores constitucionales. El propio Papa Francisco ha dicho que los padres “no son dueños de sus hijos, sino que son custodios”.

Rechazamos la medida acordada desde el Gobierno de Murcia, y su posible implementación en otras Comunidades Autónomas, ya que puede hacer que los niños, niñas y adolescentes de este país no puedan desarrollarse en valores de igualdad, respeto y tolerancia, haciendo que los adultos del mañana tengan menos información y herramientas para reconocer la necesidad de medidas contra la discriminación, el acoso, el reconocimiento de la diversidad afectiva y sexual o el pluralismo. En definitiva, supondría limitar los derechos y libertad de nuestros menores y restringir las oportunidades que ofrecen los estados democráticos.