Declaración de Michelle Bachet sobre las “Ideologías supremacistas extremas”

TODO MASÓN DEBERÍA SEGUIR ESTOS CONSEJOS DE LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS MICHELLE BACHE

40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
11 de marzo de 2019
Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos:
El racismo está en contra de todo lo que defendemos. Tanto en su calidad de órgano de las Naciones Unidas como en su condición de entidad compuesta de Estados Miembros que se han comprometido a aplicar la Declaración Universal, este Consejo es partidario de eliminar el racismo, la intolerancia, la xenofobia y cualquier tipo de discriminación.
El ataque terrorista, islamófobo y criminal realizado hace pocas horas contra dos mezquitas en Nueva Zelandia es un terrible recordatorio de que el racismo puede ser mortífero. Ahora, al igual que haremos el próximo 21 de marzo, Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, renovamos la promesa que hemos formulado a los pueblos del mundo de que apoyamos a las víctimas en su dolor y en su exigencia de justicia, y de que lucharemos –cada día de cada año—contra todas las modalidades de racismo.
Señor Presidente:
El debate de hoy ha sido propiciado por la Resolución 73/262 de la Asamblea General, en la que se expresa la alarma que provoca el auge de movimientos basados en ideologías racistas y extremistas que difunden conceptos de superioridad racial y fomentan el racismo y la xenofobia.
En dicha Resolución se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todos tienen la capacidad potencial de contribuir de manera constructiva al desarrollo y el bienestar de sus sociedades y que “todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse”.
¿Qué es exactamente el populismo nacionalista? En 2017, el finado Kofi Annan describió a los populistas como “individuos carismáticos o falsos profetas, que prometen soluciones simplistas para las injusticias a las que se enfrentan las personas, mediante políticas radicales que reniegan de las leyes y las instituciones porque las consideran irrelevantes o incómodas”.
El ataque populista contra las instituciones democráticas –comprendida la independencia de la justicia, de la prensa y de un amplio espacio cívico– se combina con la obsesión por definir quiénes forman parte del “pueblo auténtico” y demonizar a los “otros”, que de algún modo merecen menos derechos y menos oportunidades de expresarse. La piedra angular del populismo nacionalista es la demonización de migrantes y minorías; es un movimiento que se alimenta de la sensación de crisis, asedio y amenaza. Los dirigentes y partidos políticos que promueven el populismo nacionalista suelen hacer gala de racismo, islamofobia explícita, antisemitismo implícito y otras formas de odio y prejuicio. ¿Visto lo anterior, alguien puede sentirse sorprendido por el aumento de las agresiones racistas y xenófobas?
Tal como subraya la resolución de la Asamblea General, estas y otras ideas de supremacía racial, religiosa, étnica o nacional carecen de fundamento en la realidad. Por ejemplo, un estudio reciente realizado en 11.000 comunas de Alemania muestra que el apoyo de que gozan los partidos contrarios a la migración es “notablemente inferior” en las zonas que desde 2015 han acogido a refugiados, en comparación con las comunas que no albergan a ningún refugiado.
En los lugares donde los votantes han tenido amplio contacto con los migrantes, el voto populista tiende a ser inferior que en las zonas donde los migrantes y refugiados pueden llegar a ser objeto de temor.
El nacionalismo y el populismo no ofrecen soluciones reales a los complejos problemas a los que se enfrenta la sociedad.
Esos idearios suelen basarse en teorías conspiratorias, que las redes sociales reproducen y amplifican, mediante las cuales las falsedades no verificables se transforman en realidades. En algunos lugares donde aumenta el desempleo a medida que las personas son remplazadas por máquinas o trabajadores venidos de otros países, esos movimientos formulan promesas huecas sobre el orgullo nacional a gente que se siente impotente o privada de reconocimiento. Siembran así las semillas de la ira y el resentimiento, y cosechan odio y violencia.
Este nacionalismo es exactamente lo contrario del patriotismo. Es una ideología que agrava las divisiones, fomenta la violencia y aumenta la inseguridad social.
Señor Presidente:
Las ideas de superioridad y supremacía racial han causado guerras, opresión, explotación y horribles sufrimientos. Aunque la humanidad nunca ha logrado erradicarlas del todo, nos hemos esforzado por rechazarlas y confinarlas en los rincones más oscuros de la sociedad.
Esos esfuerzos del pasado nos muestran el camino para socavar y combatir el avance de esos idearios en la actualidad.
La Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial alienta la elaboración y aplicación de leyes enérgicas que prevengan la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, así como todo acto de violencia o incitación a la violencia, en particular por parte de autoridades o instituciones públicas, tanto de ámbito nacional como local.
En la Declaración y Programa de Acción de Durban (DDPA) se hace hincapié en la función esencial de los políticos y los partidos, y se alienta la adopción de medidas específicas orientadas a promover la igualdad, la solidaridad y la no discriminación.
La Recomendación General No. 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, que se aprobó en 2013, define las modalidades específicas del discurso de odio y examina una gama de medidas aplicables, más allá de la simple penalización de esas expresiones.
El Plan de Acción de Rabat también sugiere importantes salvaguardas en lo tocante a las restricciones de la libertad de expresión y formula recomendaciones relativas a dichas expresiones, que deberían ser prohibidas por el código penal.
Junto con la Declaración de Beirut, el Plan de Acción de Rabat hace hincapié en que los dirigentes políticos y religiosos deben desempeñar una función esencial mediante declaraciones firmes y rápidas contra la intolerancia, los estereotipos discriminatorios y los casos de discurso de odio.
Estos y otros marcos regionales e internacionales también sugieren una función mucho mayor para las campañas de educación en materia de derechos humanos y las iniciativas de sensibilización basadas en la verdad y el respeto a la diversidad.
Debemos condenar explícitamente todos los mensajes –en particular los mensajes y discursos políticos—que difunden ideas basadas en la superioridad o el odio racial, o que incitan al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. Tal como recomendó en 2012 el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, los planes educativos deberían abordar los estereotipos negativos que siguen derivándose del colonialismo y otras formas de injusticia histórica.
La función que desempeñan los medios digitales y las redes sociales al atizar el discurso de odio hace que tanto los gobiernos como las empresas se vean obligados a tomar medidas cuidadosas y fundamentadas para proteger los derechos básicos en Internet. Los derechos humanos, universalmente aceptados, ofrecen una orientación esencial sobre problemas que trascienden las fronteras y las culturas, en particular para situaciones en las que los enfoques demasiado generales podrían socavar la libertad de expresión, mientras que la inacción pondría en peligro otros derechos.
Señor Presidente:
Usted puede cuidar a su país y también cuidar al mundo.
Usted puede ocuparse de su comunidad y su familia, y también respetar la diversidad de los demás.
La promoción de los derechos propios a expensas de los derechos ajenos es el camino que conduce la destrucción de toda la sociedad.
Nuestra Oficina mantendrá la postura más firme posible contra todo tipo de racismo, discriminación e intolerancia y pido a este órgano y a todos los Estados Miembros que hagan otro tanto.
Muchas gracias, señor Presidente.

Carta a su Santidad Papa Francisco

En ocasión a la próxima visita de Su Santidad al Reino de Marruecos, en defensa de los Derechos del Pueblo Saharaui, he remitido en nombre de la Gran Maestria Ad Vitam del Grande Oriente Español Carta al Papa Francisco pidiendo su mediación para poner fin al conflicto histórico que aqueja al Sahara Occidental.

Juan Padilla

 

Carta a su santidad Papa Francisco

GRANDE ORIENTE ESPAÑOL- FEDERACIÓN DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL Y SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL

 

VERDAD, JUSTICIA Y HONOR
En el 40 aniversario de la restauración de la Mosoneria en España, por Sentencia del Tribunal Supremo hay que decir la verdad los merecedores de dicha distinción con los Honores y Medallas son los Hermanos que pleitearon para conseguir la aprobación de nuevo en España. Los Hermanos Gil de Tarradillas, Borrajo, Juan Lara, Mario Asencio, Alonso, Villar Massó etc todos del Grande Oriente Español ,Obediencia con historia y trabajo en el exilio. Hay que abandonar las mentiras y los reconocimientos falsos . “La verdad nos hace libres” Los falsos programadores de méritos de otros que se los quieren apropiar. Antonio Villar Massó paso a la historia para unos como la persona que logro registrar oficialmente la primera obediencia Masónica en España. Grande Oriente Español, con las personas que cito aquí,. Todo lo contrario es falsear la realidad.

 

LA BRECHA SALARIAL NO ES SOLO A RAZON DE GENERO

 LA BRECHA SALARIAL NO ES SOLO A RAZON DE GENERO:

Por Francisco José Alonso Rodríguez, Gran Maestre Ad Vitam del Grande Oriente Español, Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos – España.

Madrid 26 de febrero de 2.019

Pasa el tiempo y seguimos en la misma vieja historia, olvidándonos del más necesitado. La tecnología sigue en avance mientras la sociedad hace todo lo contrario, cada dia dependemos más de sistemas, robots o de internet y como siempre dejamos al humano en segundo plano, y cuando este humano es un obrero o un dependiente será más bien tercer o cuarto plano.

El desequilibrio social y la desigualdad que viene de su mano, se debe en una buena parte a la incidencia de las grandes corporaciones, según Oxfam está demostrado que el salario de Directores Generales y Ejecutivos de trasnacionales puede contener hasta 207 salarios medios y 300 salarios mínimos. Lógicamente reconocemos el derecho de las grandes corporaciones de valorar mediante el sueldo a sus empleados, pero no lo hace de forma igualitaria, mientras algunas personas cobran 300 veces más que sus subordinados, a los de menor rango les “premian” con la supresión de algunos derechos como la desconexión y además no se les paga lo que le corresponde conforme a su trabajo.

Los gremios sindicales han reconocido públicamente que cerca del 34,5% de las horas extra en España no son pagadas, obligan a los trabajadores a laborarlas y no las declaran a hacienda, a la seguridad social ni al trabajador. De aquí podemos rescatar que en efecto para poder pagarle a los ejecutivos esos salarios necesitan que los más humillados renuncien a sus irrenunciables derechos, a fin de cuentas, son los empleados quienes pagan los salarios de sus jefes y además tienen que soportar las ordenes arbitrarias y reducir sus horas de conciliación familiar.

El Presidente Pedro Sánchez, en campaña presidencial denuncio que en España se dejaban de cotizar hasta 9 millones de horas extras al mes, nuestros estudios revelan que se trata de 14 millones y los sindicalistas hablan de mas de 18 millones, en cualquier caso, todos excepto Sánchez hemos seguido nuestra lucha contra este esclavismo moderno pues aparentemente el criterio de candidato no es el mismo que el de Presidente de Gobierno Español, desde Moncloa no ha hecho frente a esta lacra, se ha limitado a decir que defiende a la clase trabajadora pero una reivindicación solo en discurso no es suficiente, debe haber mayor fiscalización.

Ciertamente luchamos por la igualdad entorno al mejor de los salarios, al mejor de los ejemplos, aspiramos el incremento de la calidad de vida de todos, pero el ambiente sano no incluye premiar a las personas que dirigen las grandes empresas con mentalidad esclavista, le pagaremos 300 veces mas a todo aquel que desconozca los derechos de sus trabajadores, no cotice horas extra, reduzca o menoscabe el tiempo de conciliación familiar y además marque una diferencia extraordinaria entre él y los que dirige, además tendrá una actitud canalla con hacienda y la seguridad social lo cual también obra en contra del progreso colectivo.

No podemos seguir silentes en este caso particular, amigo lector, lo correcto es denunciar los casos detectados y exigirle mayor compromiso a las autoridades, debemos avanzar en la persecución de los objetivos comunes sin instaurar una lucha de clases, pero inexcusablemente instaurar una lucha por igualdad y respeto al trabajador unidad fundamental de la economía, por ello se ha ampliado el concepto de violador de Derechos Humanos hasta incluir a empresas trasnacionales que sin dudas son sujetos activos. ¡Un Solo Pueblo, Una sola Voz!

 

ESPAÑA SIGUE DEFRAUDANDO AL PUEBLO SAHARAUI

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Los anteriores gobiernos apoyaban una solución justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo saharaui
El Gobierno Sánchez habla del papel central de la ONU
Marruecos se niega al referéndum de autodeterminacion que acordó con el Polisario en 199
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El Gobierno elimina la cita a la libre determinación del pueblo saharaui
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Alfonso Lafarga.-

El Gobierno de Pedro Sánchez ya no se refiere a la “libre determinación” del pueblo saharaui -Marruecos se opone a la autodeterminación-, expresión utilizada durante años por la diplomacia española para referirse a la postura oficial de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Ahora, como ha ocurrido en el viaje de los Reyes a Marruecos, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, lo zanja con citar a la ONU.

Después de varios aplazamientos, calificados por un diario nacional de “desplantes” con cancelaciones de última hora y sin explicaciones, se realizó el viaje oficial de los Reyes de España a Marruecos los días 13 y 14 de febrero. Felipe VI estuvo acompañado por cinco ministros y varios subsecretarios, recordando otra visita que hizo en julio de 2013 su padre, Juan Carlos I, también con cinco ministros, viaje al que después se sumaron nueve exministros de Asuntos Exteriores invitados a un día de festejos de gala.

En un acto económico-empresarial Felipe VI mostró su alegría por el relanzamiento de las relaciones estratégicas entre Marruecos y la Unión Europea, “por las que España siempre ha abogado y trabajado”, y se congratuló de “la reciente aprobación de los Acuerdos Agrícola y Pesquero entre la UE y Marruecos”, acuerdos con los que según la delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, la Unión Europea y España se han convertido en “cómplices del robo que el ocupante marroquí seguirá perpetrando al pueblo saharaui”, al que -dijo- el Gobierno de España “ha vuelto a traicionar”.

En las diferentes intervenciones del Rey y de los ministros no se habló de los Derechos Humanos, cuya defensa solicitó la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), que además pidió a Felipe VI su ayuda para buscar una solución definitiva a un conflicto “que el Estado español creó y que, por responsabilidad histórica y obligación legal, debe contribuir a solucionar: la descolonización del Sáhara Occidental”.

El Gobierno saharaui y el Frente Polisario, por su parte, recordaron al Rey que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental según el derecho internacional, “a menos que el Estado español logre completar la descolonización del territorio permitiendo al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación”.

Y es precisamente con las palabras “autodeterminación” o “libre determinación” con las que el Gobierno socialista ha marcado la diferencia con los anteriores gobiernos, incluido el de Mariano Rajoy, a pesar de que afirmó que seguían el mismo camino por ser “un tema de Estado”. El Gobierno ha dejado de referirse a lo que es la permanente reclamación de los saharauis, la autodeterminación, la que les niega el ocupante marroquí.

Si el presidente Sánchez habló el 28 de septiembre de 2018 ante la Asamblea General de la ONU de defender la centralidad de las Naciones Unidas para buscar “una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, ese fue el único y ultimo día. ya no lo volvió a decir.

Cuando Borrell fue preguntado en su primera visita a Rabat, el 28 de junio de 2018, por el Sáhara Occidental, manifestó que iban a seguir el camino de anteriores Gobiernos por ser “un tema de Estado”; después le tocó el turno a Pedro Sánchez en el viaje que hizo a Marruecos el 19 de noviembre y dijo que la postura de España es la misma de hace décadas, “una posición de Estado, no solamente de un Gobierno, en este caso del Partido Socialista o anteriormente del Partido Popular”. Y nada más.

Y otra vez el ministro Borrell. En una rueda de prensa con su colega marroquí, Nasser Bourita, el 14 de febrero en Rabat , volvió a decir que es una posición de Estado “que no ha cambiado”. “España defiende la centralidad de Naciones Unidas y sostiene los esfuerzos del secretario general y de su enviado personal para alcanzar una solución política en el marco de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Es la respuesta de siempre, España siempre responderá de esa manera”, afirmó.

Pero sí ha habido cambios. El Gobierno de Pedro Sánchez elude hablar de libre determinación como hicieron los anteriores gobiernos y como sí se expresó en múltiples declaraciones el ministro del PP José Manuel García-Margallo. Es el derecho al referéndum de autodeterminación que reclama el pueblo saharaui, acordado en el alto el fuego al que firmaron el 6 de septiembre de 1991 el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios de la ONU y que el régimen marroquí se niega a realizar.

APOO A PRO ACTIVA OPEN ARMS

ES NECESARIO SER PERSONAS QUE PIENSEN QUE TODOS FORMAMOS PARTE DE UN MUNDO UNIDO Y SOLIDARIO. “NO A LOS ENRIQUECIMIENTOS DE MUERTE” COMO DIRÍA EL PAPA FRANCISCO.
EN APOYO DE PRO ACTIVA OPEN ARMS
CIENTOS DE PERSONAS SIGUEN MURIENDO EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL
1 de febrero de 2019
La APDHE expresa públicamente su total apoyo y solidaridad con la ONG Proactiva Open Arms, cuyo barco Open Arms continúa atracado durante más de 20 días en el puerto de Barcelona, tras haberle sido denegado el permiso de salida por la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.
La resolución denegatoria del despacho del buque Open Arms para realizar labores de observación y vigilancia en el Mediterráneo Central, señala el incumplimiento de una serie de convenciones internacionales sobre Derecho del Mar y afirma que el barco Open Arms no desembarcó a las personas rescatadas del mar en el puerto seguro más cercano y en un plazo razonable “sea esto por responsabilidad directa del buque, o bien por causa de las autoridades responsables de las zonas SAR”.
Si el Open Arms no ha podido desembarcar en el puerto seguro más cercano, esto es, Italia o Malta (es notorio que el puerto de Libia no ofrece la más mínima seguridad), es porque estos países europeos están impidiendo desde hace meses, que en sus puertos atraquen barcos con personas migrantes y refugiadas a bordo, obligando así al Open Arms a cruzar el Mediterráneo durante días desde su zona de operaciones para encontrar un lugar seguro.
La resolución no imputa al Open Arms responsabilidad por el incumplimiento de las convenciones internacionales, es más, la propia resolución señala que las autoridades responsables de la zona SAR (zona de búsqueda y rescate) no están asumiendo eficazmente su responsabilidad de coordinación y colaboración, no están garantizando que el buque sea liberado de sus obligaciones con una desviación mínima de su viaje, en definitiva, no están facilitando la llegada y salida de los buques dedicados al rescate de personas en peligro en el mar para brindarles un lugar seguro.
Resulta así desconcertante que el gobierno español obstaculice a través de esta resolución administrativa la salida del buque Open Arms impidiendo ya por más de tres semanas la continuidad de la encomiable labor que, desde 2015, viene realizando esta organización, rescatando a las personas migrantes y refugiadas que cruzan el mar Mediterráneo huyendo de terroríficas condiciones de vida y vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen.
Esta labor es expresión de su compromiso con el derecho a la vida consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 15 de la Constitución Española y la defensa de la vida por parte de esta organización le ha hecho merecedora, entre muchos otros, del Premio Derechos Humanos 2018 de la APDHE.
No olvidemos tampoco que el objetivo número ocho del muy reciente Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. De acuerdo con este Pacto Internacional firmado por 156 estados miembros de la ONU, incluida España, los estados se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, así como a garantizar que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter “exclusivamente humanitario”.
Por ello, instamos al gobierno español a reconsiderar la decisión adoptada y le invitamos a que aproveche la oportunidad de hacer efectivo el compromiso que dice tener con los derechos humanos pues, impedir la salida del buque Open Arms conlleva no apoyar la defensa del derecho a las vidas que esta organización salva día tras día en el desarrollo de sus misiones.

COMUNICADO
EN APOYO DE PRO ACTIVA OPEN ARMS
CIENTOS DE PERSONAS SIGUEN MURIENDO EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL
1 de febrero de 2019
La APDHE expresa públicamente su total apoyo y solidaridad con la ONG Proactiva Open Arms, cuyo barco Open Arms continúa atracado durante más de 20 días en el puerto de Barcelona, tras haberle sido denegado el permiso de salida por la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.
La resolución denegatoria del despacho del buque Open Arms para realizar labores de observación y vigilancia en el Mediterráneo Central, señala el incumplimiento de una serie de convenciones internacionales sobre Derecho del Mar y afirma que el barco Open Arms no desembarcó a las personas rescatadas del mar en el puerto seguro más cercano y en un plazo razonable “sea esto por responsabilidad directa del buque, o bien por causa de las autoridades responsables de las zonas SAR”.
Si el Open Arms no ha podido desembarcar en el puerto seguro más cercano, esto es, Italia o Malta (es notorio que el puerto de Libia no ofrece la más mínima seguridad), es porque estos países europeos están impidiendo desde hace meses, que en sus puertos atraquen barcos con personas migrantes y refugiadas a bordo, obligando así al Open Arms a cruzar el Mediterráneo durante días desde su zona de operaciones para encontrar un lugar seguro.
La resolución no imputa al Open Arms responsabilidad por el incumplimiento de las convenciones internacionales, es más, la propia resolución señala que las autoridades responsables de la zona SAR (zona de búsqueda y rescate) no están asumiendo eficazmente su responsabilidad de coordinación y colaboración, no están garantizando que el buque sea liberado de sus obligaciones con una desviación mínima de su viaje, en definitiva, no están facilitando la llegada y salida de los buques dedicados al rescate de personas en peligro en el mar para brindarles un lugar seguro.
Resulta así desconcertante que el gobierno español obstaculice a través de esta resolución administrativa la salida del buque Open Arms impidiendo ya por más de tres semanas la continuidad de la encomiable labor que, desde 2015, viene realizando esta organización, rescatando a las personas migrantes y refugiadas que cruzan el mar Mediterráneo huyendo de terroríficas condiciones de vida y vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen.
Esta labor es expresión de su compromiso con el derecho a la vida consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 15 de la Constitución Española y la defensa de la vida por parte de esta organización le ha hecho merecedora, entre muchos otros, del Premio Derechos Humanos 2018 de la APDHE.
No olvidemos tampoco que el objetivo número ocho del muy reciente Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. De acuerdo con este Pacto Internacional firmado por 156 estados miembros de la ONU, incluida España, los estados se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, así como a garantizar que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter “exclusivamente humanitario”.
Por ello, instamos al gobierno español a reconsiderar la decisión adoptada y le invitamos a que aproveche la oportunidad de hacer efectivo el compromiso que dice tener con los derechos humanos pues, impedir la salida del buque Open Arms conlleva no apoyar la defensa del derecho a las vidas que esta organización salva día tras día en el desarrollo de sus misiones.

UN NUEVO Y DIFICIL CICLO NEGOCIADOR ENTRE MARRUECOS Y EL FRENTE POLISARIO EN GINEBRA 5 -6 DICIEMBRE 2018

Un nuevo y difícil ciclo negociador entre Marruecos y el Frente Polisario ¿Un nuevo fracaso?
DICIEMBRE 5, 2018

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Todo parece indicar que el próximo encuentro de los días 5 y 6 en Ginebra auspiciado por las Naciones Unidas, entre Marruecos y el Frente Polisario, con la presencia de Argelia y Mauritania, se dispone a intentar resolver, con alguna fórmula imaginativa, el enquistado conflicto del Sahara Occidental El actual enviado personal del Secretario general de la ONU para el Sahara, Ex Presidente de Alemania, Horst Köhler, tiene el mandato del Consejo de Seguridad y de Antonio Guterres como máxima autoridad de NU, de impulsar un nuevo proceso de negociación, una nueva oportunidad, para buscar una solución negociada, sin condiciones previas, al conflicto del Sahara Occidental, intentando desbloquear el proceso de descolonización inconcluso que se mantiene desde hace mas de 40 años y poner fin al actual “status quo”.
El problema principal ha sido la falta de voluntad clara y contundente del Consejo de Seguridad a la hora de aplicar sus Resoluciones, no la escasez de soluciones innovadoras. Durante siete años, el conflicto puso a prueba la imaginación y la paciencia de James Baker, enviado personal del Secretario general de la ONU al Sáhara Occidental entre 1997 y 2004. Baker perdió la confianza de Marruecos en enero de 2003, cuando propuso una solución basada en un referéndum que habría de votar entre la integración, la autonomía y la independencia. El siguiente enviado personal, el diplomático holandés Peter Van Walsum, solo duró tres años. Perdió la confianza del Polisario al sugerir que la opción de la independencia, aunque era aceptable según el derecho internacional, debería descartarse ya que el Consejo de Seguridad no iba a obligar a Marruecos a aceptarla o consentirla. Luego, el enviado de la ONU al Sáhara Occidental, el ex diplomático norteamericano Christopher Ross, designado por Ban Ki-moon en enero de 2009, sufrió un destino similar a sus predecesores explorando un inexistente intersticio entre Marruecos y el Polisario, no tuvo éxito y dimitió también, tras haber realizado varias reuniones para discutir las nuevas propuestas realizadas por las partes en 2007.
El actual mandato del Consejo de Seguridad es encontrar una solución políticamente aceptable por ambas partes, que permita la autodeterminación del Pueblo saharaui. Este mandato ha hecho que muchos observadores no salgan de su perplejidad… ¿Cómo pueden las partes llegar a un acuerdo para aplicar la doctrina de la autodeterminación?… Marruecos rechaza la opción de la independencia y quiere que su propuesta de autonomía se acepte como base de las negociaciones, descartando por tanto la independencia. El Polisario ha expresado su firme compromiso de cooperar con el nuevo emisario de la ONU para buscar una salida a la cuestión de descolonización que se rige por el principio de autodeterminación en el último territorio africano reconocido como “No Autónomo” por las NNUU.
Estas posiciones mutuamente excluyentes están reforzadas en el nivel regional y el internacional. Aunque Francia, el mejor aliado de Marruecos, y otros países que le apoyan, como España, no reconocen formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, creen que una retirada forzada de Marruecos del territorio desestabilizaría a este país “amigo”. Sin embargo, Marruecos se ha cerrado a si misma las puertas a cualquier solución de compromiso, rechazando otra solución distinta de la anexión.
Existe un clima creciente de búsqueda, singularmente entre Argelia y Marruecos de dialogo en la región, que debe animar al Gobierno español a implicarse más para encontrar, cuanto antes, una vía de resolución pacífica para el conflicto. La cuestión sufre un largo bloqueo con graves consecuencias en las difíciles relaciones entre los mismos países de la región, teniendo como telón de fondo el contencioso del Sahara Occidental, que afecta directamente a la política exterior del estado español en referencia con la estabilidad y desarrollo del Magreb.
Conviene no olvidar que en 1991 se firmó un “alto el fuego” entre el Frente Polisario y el Gobierno marroquí, con la mediación de la ONU y la Unión Africana (UA), tras una guerra de 16 años. La intención era aplicar un Plan de paz y hacer un referéndum de autodeterminación en el plazo de un año, lo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad.
Desde sus inicios, la resistencia y unidad del Pueblo Saharaui fue, es y será, no solamente una reivindicación justa, sino también una lucha legítima. Así es hoy y así seguirá siendo porque se basa en los principios básicos de autodefensa y en el derecho que asiste a cada pueblo de defenderse con todos los medios a su alcance, frente al que ocupa su tierra ilegalmente, frente a quienes violan sistemáticamente los derechos humanos de personas civiles, se benefician de los recursos naturales del Sahara, en contra de todas las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, y de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ya en la Resolución 34/37 de la 75 Asamblea de Naciones Unidas, en sesión plenaria del 21 de noviembre de 1979, “pedía encarecidamente a Marruecos que participe también en la dinámica de paz y ponga fin a la ocupación del Territorio del Sahara Occidental. Recomienda a tal efecto que el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y de Rio de Oro, representante del pueblo del Sahara Occidental, participe plenamente en toda búsqueda de una solución política justa, duradera y definitiva de la cuestión del Sahara Occidental, de conformidad con las Resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de los países no alineados. Deplora profundamente la agravación de la situación como consecuencia de la persistente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y de laampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania”. Han pasado casi 40 años de esta resolución y Marruecos sigue ocupando el Sahara Occidental.
40 años son suficientes de injusticia, dolor y exilio, es urgente buscar la forma de celebrar un referéndum permitiendo al pueblo saharaui ejercer democráticamente su derecho a la libre determinación, de conformidad con los principios y objetivos de la ONU, y así puedan volver a su Territorio, el Sahara Occidental.

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU URGE LA LIBERTAD DE LOS PERIODISTAS PRESOS SAHARAUIS POR MARRUECOS

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Septiembre saharaui: EL Consejo de Derecho Humanos urge la libertad de los periodistas presos
Contramutis / hace 21 horas

• El organismo de la ONU Condena las torturas, detenciones y reclusiones arbitrarias de periodistas, sin mencionar casos concretos
• Seis periodistas saharauis cumplen en cárceles marroquíes severas condenas y dos esperan sentencia
Alfonso Lafarga.-
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones y reclusiones arbitrarias de periodistas, e insta a que sean liberados “de inmediato y de manera incondicional”.
Ha sido en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos humanos, celebrado el mes de septiembre pasado en Ginebra, y del que España forma parte en el periodo 2018-2020.
Aunque la resolución, aprobada el 27 de septiembre, no especifica casos concretos ni países, hay un territorio en el se dan esos supuestos: el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, donde seis periodistas cumplen severas condenas, acordadas en juicios sin garantías procesales ni pruebas incriminatorias, según han denunciado los observadores internacionales.
La resolución, que lleva por título “La seguridad de los periodistas” y ha sido copatrocinada por España, condena las agresiones y actos de violencia contra periodistas, “como torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones y reclusiones arbitrarias, expulsiones, intimidaciones, amenazas y actos de acoso”.
El Consejo ha expresado su preocupación “por la aplicación indebida de leyes, políticas y prácticas nacionales” para obstaculizar o limitar la capacidad de los periodistas para llevar a cabo su labor de forma independiente y sin injerencias.
El organismo de Naciones Unidas insta a que se deje en libertad, “de inmediato y de manera incondicional”, a los periodistas “detenidos o recluidos arbitrariamente, tomados como rehenes o que hayan sido víctimas de desaparición forzada”.
Trabajo en clandestinidad
El Gobierno de España, que por boca del presidente Pedro Sánchez hizo una breve mención al conflicto del Sáhara en su intervención el 28 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, no se ha pronunciado sobre la vulneración de los Derechos Humanos en la excolonia española, como fue el caso de la expulsión de dos abogados aragoneses el 30 de agosto de 2018, y menos aún sobre la persecución que sufren los informadores saharauis, que desde la clandestinidad luchan por romper el bloqueo informativo que impone Marruecos.
Seis periodistas saharauis se encuentran actualmente presos en cárceles marroquíes, muy lejos del sus ciudades de origen, en el Sáhara Occidental: Abdalhi Lekfuani, cumple una condena de cadena perpetua; Hassan Dah y Mohamed Lamin Haddi, con penas de 25 años de prisión cada uno; Bachir Khada, condenado a 20 años; Mohamed Banbari, a 6 y Saleh Lebsir, a 4.
Ha habido denuncias por torturas y malos tratos y varias huelgas de hambre. El pasado mes de agosto el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas pidió a Marruecos la inmediata puesta en libertad de Mohamed Banbari y afirmó que la detención y condena del reportero se debió a su actividad periodística.
A los seis presos hay que añadir el caso de los periodistas Mohamed Salem Mayara y Mohamed Aljomayaai, condenados el 3 de septiembre en primera instancia a dos años de reclusión, con seis meses de cumplimiento y en libertad desde el 27 de septiembre tras seis meses de privación de libertad. El Tribunal de Apelación elevó el 3 de octubre la ejecución de condena a los dos años de prisión y ahora están pendientes de lo que resuelva un tribunal de casación.
Según la abogada Inés Miranda, observadora internacional y miembro del Consejo General de la Abogacía Española, los periodistas fueron acusados de “constituirse en organización para delinquir” y “organizar una manifestación violenta” sin elementos probatorios y la condena se basó en la diligencia policial. La policía dijo que los periodistas fueron a una manifestación encapuchados, lo que ellos negaron señalando que informaban para “Smara News”.
En un informe del grupo de comunicación saharaui Equipe Média, creado en 2009, los periodistas sufren acoso y represión por parte de las autoridades marroquíes, que llevan a “detenciones, condenas, agresiones físicas y represalias” que pueden ser de tipo laboral y profesional. Las condenas a periodistas no lo son por delitos de opinión, sino por otros como “obstruir la circulación” o “atacar a un empleado público”,
Sin preguntas sobre el Sáhara
Si el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tardó casi cuatro meses en hablar del conflicto saharaui -“la crisis que nos es tan próxima” dijo-, en España la prensa tampoco se lo ha preguntado en sus comparecencias públicas o en entrevistas, como las que le hicieron Pepa Bueno en la Cadena SER, el 3 de septiembre, o Ana Pastor en La Sexta, el 16 de septiembre.
El Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a que investiguen los actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y a que conformen sus leyes, políticas y prácticas con las obligaciones y los compromisos que han contraído en virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos.
La 39 sesión del Consejo adoptó, también, resoluciones sobre la situación de los Derechos Humanos en Burundi, Myanmar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán, Venezuela y Yemen. En la 38, celebrada a primeros de julio, se analizaron las graves situaciones en esta materia que se viven en Siria, Eritrea, Bielorrusia o Myanmar y fue aprobada una resolución sobre “La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas”, concentraciones que en el Sáhara ocupado son duramente reprimidas.
Aunque el Consejo de Derechos Humanos no ha tratado las violaciones de los DDHH en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, que se encuentra pendiente de descolonización, y España, la potencia administradora de iure del territorio, guarda silencio, en los territorios del Sáhara ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se vulneran los Derechos Humanos, según organizaciones sociales y medios de información saharauis, como recoge la relación correspondiente a septiembre:
Septiembre saharaui 2018

COMUNICADO CONTRA VENTA DE ARMAS PARA LA GUERRA

COMUNICADO

La Federación del Grande Oriente Español, La Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España y La Liga Española Pro Derechos Humanos lamentan que el Gobierno haya decidido mantener el comercio de armas con Arabia Saudita, país que está al frente de una coalición que interviene en la guerra que se libra en Yemen. Esta guerra civil ya ha provocado, de acuerdo con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, más de 6.500 muertos y 10.500 heridos en la población civil. Resulta especialmente lamentable que en la decisión de mantener la venta de una partida de bombas, con el consiguiente riesgo para la vida de las personas, haya tenido más peso el impacto que tendría en la economía española la pérdida de un cliente tan importante de la industria armamentística nacional como lo es Arabia Saudita.

Por otra parte, esta decisión, sin perjuicio de su incompatibilidad con el Derecho Internacional Humanitario y en especial con la prohibición de vender armas convencionales prevista en el artículo 6.3 del Tratado sobre Comercio de Armas de la ONU si existe el riesgo de que utilizarse para crímenes internacionales, vulnera la norma de derecho interno contenida en la ley 53/2007 de 28 de diciembre, sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que en su artículo 8 expresamente establece que deben ser denegadas las solicitudes de autorización de transferencia de material de defensa cuando existan indicios racionales de que dicho material pueda ser utilizado de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos.

Madrid, septiembre de 2018

COMUNICADO ANTE LA POLÍTICA MIGRATORIA ESTADOUIDESE

Comunicado ante la política migratoria estadounidense

La Asociación Pro Derechos Humanos de España no puede sino manifestar su rechazo a la instrumentalización que la administración estadounidense, con una finalidad disuasoria, está haciendo de los menores que acompañan a los inmigrantes irregulares al separarlos de sus familias e internarlos en centros que no cumplen las mínimas condiciones que son exigibles para preservar su salud física y emocional.
Pareciera que la reacción de rechazo de la comunidad internacional, así como de sectores de la propia opinión pública estadounidense e incluso del propio Partido Republicano, han provocado, según las últimas noticias, una rectificación en el sentido reagrupar a los menores con sus familiares.
La APDHE, no obstante, quiere dejar claro que esta rectificación no tiene ningún mérito pues, simplemente pone fin a un aspecto concreto y muy grave de una política general que por su propia naturaleza constituye una continua violación de Derechos Humanos contra inmigrantes que no pueden encontrar condiciones de vida digna en sus países de origen.
Madrid, 21 de junio de 2018