ARTICULO JORGE TRÍAS SAGNIER”ESTA ES MI HISTORIA” TESTIGO DE LA CORRUPCION”

La Masonería Española siempre estará en deuda con Jorge.”Algunos sabemos porque”
Jorge Trías Sagnier: esta es mi historia
El exdiputado, que denunció en 2013 el pago de sobresueldos en el PP, cuenta su papel en el caso y las acusaciones a las que se ha enfrentado

Jorge Trias Sagnier  “TESTIGO DE LA CORRUPCION”
24 ENE 2016 – 00:04 CET
Hace tres años, EL PAÍS publicó un artícu¬lo mío cuyos hechos ¬—las irregularidades financieras dentro del PP— no solo no fueron rebatidos, sino que, uno por uno, con el tiempo han quedado confirmados y superados. Tras el resultado de estas elecciones creo que ha llegado el momento de explicar las razones que me llevaron a hacer esa denuncia y las consecuencias personales que ha tenido para mí. Esta es mi historia.

Empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1971 y abrí despacho en Madrid 10 años más tarde. Quería salir de Barcelona porque mi ciudad empezaba a perder su identidad cosmopolita y se inclinaba hacia un nacionalismo con el que no comulgaba. Mi primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Justicia en la reforma penitenciaria. De ahí pasé a montar despacho y a tener éxito. Mi actividad profesional fue creciendo y en diciembre de 2012 mis ingresos me proporcionaban una vida confortable.
A lo largo de mi carrera profesional intenté siempre ejercer la abogacía de forma honesta, incluso fui elegido por mis compañeros diputado y tesorero del Colegio de Abogados de Madrid. Ese cargo lo desempeñé hasta 1996; puse orden en sus finanzas, ayudé a encauzar su servicio médico y organicé el Aula de Extranjería para asesorar a una inmigración entonces incipiente.
¿Qué quiero decir cuando digo que ejercí la abogacía de forma honesta? Pues que siempre elegí mis casos según unos criterios éticos comúnmente aceptados. Incluso cuando defendí a los que se consideran personas impresentables, un narcotraficante por ejemplo, lo hice, ante todo, porque creo que el deber del abogado es defender a “buenos” y “malos”. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he sido remunerado por gestiones que no fueran las profesionales.
Paralelamente a mi carrera de abogado, he ejercido como periodista, escritor y político. La política durante la Transición la viví intensamente tanto en mi casa como en la universidad. Eran inquietudes que entonces casi todos llevábamos dentro. Al convertirme en un abogado de éxito y columnista leído, José María Aznar, que no era todavía presidente del Gobierno sino jefe de la oposición, me ofreció la oportunidad de presentarme a las elecciones a diputado por Barcelona. Acepté, salí elegido, y entre los años 1996 y 2000 fui representante de la soberanía nacional.
Financieramente acorralado, he tenido que trasladar mi despacho a mi domicilio. Mi familia estaba asustada
Durante los cuatro años que fui diputado contribuí en Bruselas y Estrasburgo a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión que hoy forma parte del Tratado de Lisboa; y propuse, con poco éxito, el Contrato de Unión Civil, para que las parejas homosexuales tuviesen una alternativa al matrimonio al que entonces no tenían acceso. Pero, como yo no tenía fortuna personal, enseguida entendí que dedicarme a la política me iba a resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía, ya que para mantener mi nivel de ingresos hubiera tenido que transgredir esa zona fronteriza de las incompatibilidades que hace 16 años y en pleno boom económico no estaba suficientemente regulada (ahora tampoco). O dedicarme al pluriempleo partidista: un sueldo como diputado y otro del partido. Muy a pesar mío, dejé la política.
En el año 2009, Antonio Pedreira, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que yo conocía desde hacía muchos años, me pidió que transmitiese a la cúpula del Partido Popular que no interfiriera y enturbiara la investigación sobre sus finanzas que había iniciado el juez Baltasar Garzón y que ahora llevaba él. Yo transmití el mensaje y a partir de entonces tuve diversas conversaciones con el juez, por un lado, y con la cúpula del Partido Popular, por otro, entre otros con Mariano Rajoy. No traspasé en ningún momento lo que pueden considerarse relaciones normales entre jueces y abogados. En este caso, además, yo no era ni tan siquiera abogado personado en la causa. Por esta razón desde mediados de 2011 me mantuve alejado del caso. Sí es cierto que yo ya había adquirido un conocimiento preciso de las finanzas del Partido Popular e intuía la existencia de una corrupción bastante extendida.
Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las cantidades millonarias que el extesorero tenía en cuentas en Suiza, decidí, a petición de EL PAÍS, publicar un artículo explicando lo que sabía. La buena fe de quienes creímos en la limpieza de las cuentas populares había sido burlada. El artículo, que apareció en enero de 2013, tuvo una extraordinaria repercusión. Y a las pocas semanas este mismo diario publicó las fotocopias de los llamados papeles de Bárcenas. A partir de entonces el acoso de los medios de comunicación fue insoportable y no hice una sola declaración excepto a las que estuve obligado como testigo, primero en la Fiscalía Anticorrupción, y después en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Mis únicas palabras hasta el día de hoy fueron y han sido: “He cumplido con mi deber”, el deber que tiene todo ciudadano de denunciar irregularidades manifiestas. Sobre todo cuando, como en mi caso, yo había sido portavoz del PP en la Comisión Constitucional encargada de reformar —intento fracasado entonces— la ley de financiación de los partidos políticos.
Y ¿qué es lo que ocurre cuando un ciudadano cumple con su deber? Pues más o menos lo que me ocurrió a mí. Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona. Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio. En el plano personal, mi familia estaba asustada. Mis hijas, todavía menores de edad, tuvieron que soportar cómo a su padre le insultaban públicamente en parkings y restaurantes. Las sombras de duda que habían calado sobre mí eran de tal calibre que mis hermanos y los pocos amigos que me quedaban empezaron a preguntarse cómo yo había sido tan iluso o si podía estar escondiendo la verdad.
He aprendido que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso
Decidí entonces investigar qué tipo de protección legal tenía ante esta situación angustiosa y si algún partido político estaba dispuesto a defenderme. Solo lo hizo UPyD, el partido de Rosa Díez y de Andrés Herzog, quien me propuso como experto en la Comisión para el Estudio de la Reforma de la Ley de Regeneración Política. Yo estuve en todo momento dispuesto a explicar mis opiniones ante el Congreso de los Diputados. Primero porque creía que podía contribuir a la regeneración democrática; y segundo porque creía importante clarificar la cuestión de las donaciones anónimas, que era uno de los meollos de la corrupción en el seno de todos los partidos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida quisieron que yo apareciese ante el Congreso; lo que querían era colocar a sus propios expertos y no escuchar a voces independientes como la mía.
Y ahora me preguntarán: ¿y qué es lo que ha aprendido usted de todo esto? Las lecciones han sido múltiples: cuando uno navega por aguas turbulentas tiene que saber dónde se mete y cómo salir. Yo me tiré con el corazón en vez de con la cabeza, lo cual es imperdonable en un abogado de mi experiencia. Debía haber diseñado una estrategia efectiva para que todo esto hubiese servido para cambiar algo, en vez de alimentar tertulias y chismorreos. También he aprendido que en los momentos difíciles uno está solo y que la solidaridad es un bien escaso. Y que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso y, a lo sumo, quienes se aproximan a ella, lo hacen desde la teoría, no desde la acción. Son raros los que, como Sócrates, se dejan la piel. He aprendido por último que en la democracia hay territorios que solo se pueden explorar cuando uno está protegido por instituciones sólidas. Porque, sin ley que te proteja, el whistleblower como Snowden, Assange o Falciani, en nuestro hablar hispánico el levantador de liebres, termina convertido en el saco de boxeo al que se dirigen todos los golpes.
Por último, se preguntarán por qué he tardado tres años en contar mi papel en esta historia. Pues por algo tan humano como es el miedo. Miedo que ahora ya no tengo pues me queda poco que perder después de haberlo perdido casi todo. Y si hoy escribo sobre esto es porque creo que, en este nuevo escenario político, hay que conseguir cambiar la estructura, funcionamiento y financiación de los partidos para que sean verdaderamente participativos y transparentes, pues de lo contrario la democracia seguirá perdiendo su valor.
Jorge Trías Sagnier es abogad

¿Qué tipo de gobierno hace falta para afrontar el conflicto catalán?

Martes, 12 de enero de 2016
Ignacio Sánchez-Cuenca (InfoLibre)
¿Qué tipo de gobierno hace falta para afrontar el conflicto catalán?
En el último momento, las fuerzas políticas independentistas han conseguido formar gobierno en Cataluña. Tenían un interés claro en evitar nuevas elecciones, pues, tras los excelentes resultados de En Comú Podem el 20-D, había un temor justificado de que el apoyo al independentismo disminuyera.

Como no podía ser de otro modo, se han vuelto a disparar todas las alarmas en el establishment español. Y vuelve también el run-run de la gran coalición, la necesidad de un gobierno estable que haga frente al desafío independentista, o, con menos rodeos, que el PSOE ponga sus diputados al servicio de la derecha por el bien de una España unida.

Vayamos por partes. ¿Qué cabe esperar del nuevo Gobierno catalán? Los independentistas son conscientes de que a pesar tener una mayoría absoluta de escaños, su apoyo popular en las elecciones plebiscitarias fue el 48%, que, dada la participación registrada, representa solamente un 36% del censo. Con esas cifras es evidente que no se consigue la secesión de un territorio por medios democráticos. No obstante, la candidatura de Junts pel Sí se mostró partidaria de seguir adelante. La justificación, un tanto pueril, que dio Artur Mas fue esta: puesto que el Estado no le permitía celebrar un referéndum, recurría a unas elecciones legislativas con carácter plebiscitario y, como sucede en toda elección legislativa, lo importante no son los porcentajes de voto, sino obtener una mayoría de escaños en el Parlament; conseguida esa mayoría, nada, según Mas, les impedía seguir adelante.

Con un apoyo popular insuficiente, ¿cómo puede el nuevo Gobierno catalán avanzar hacia la secesión en los próximos 18 meses? El plan, tal como se anunció en la resolución del Parlamento catalán aprobada el 9 de noviembre pasado, consiste en ir creando “estructuras de Estado” (Ley de Hacienda catalana, Ley de Seguridad Social catalana, etc.), de manera que cuando la situación esté madura se realice una Declaración Unilateral de Independencia. Ahora bien, hasta los independentistas más extremos saben que no obtendrán reconocimiento internacional con tan bajos niveles de apoyo en la sociedad catalana. ¿Cómo puede llegar entonces la independencia?

El eslabón más débil del procés es, en mi opinión, el insuficiente apoyo popular. Sin embargo, mediante una huida hacia adelante, los independentistas cuentan con que, en respuesta a sus planes de “desconexión”, una reacción agresiva del Estado español (la suspensión de la autonomía por el Gobierno central, o la suspensión de funciones del Presidente de la Generalitat por el Tribunal Constitucional) desencadene una crisis en la que crezca el número de ciudadanos partidarios de la independencia y se despierte cierta solidaridad internacional con Cataluña. Creo que esta es la interpretación más sencilla y razonable de la estrategia seguida por los independentistas.

Para que todo les salga bien, es preciso que el PP siga al frente del Gobierno de España y que el Tribunal Constitucional mantenga su doctrina cerril en la que el principio democrático queda subordinado enteramente al principio constitucional (en Quebec se desatascó la cuestión porque el Tribunal Supremo de Canadá entendió que era necesario conjugar ambos principios, concluyendo que no podía forzarse a un territorio a permanecer en un Estado si la población de aquel territorio muestra una voluntad mayoritaria clara y estable de separarse). El PP se ha negado en rotundo a dialogar sobre el asunto catalán o a iniciar un proceso de reforma constitucional. La derecha no ve en la reivindicación de independencia sino una aberración política y considera que la única respuesta posible consiste en garantizar la unidad de España por todos los medios legales a su alcance.

En caso de que se forme un gobierno de concentración nacional con PP, PSOE y Ciudadanos, o estos dos últimos grupos faciliten la formación de un gobierno minoritario del PP, la situación quedará abocada al enfrentamiento y la crisis institucional, lo que supondrá un desgaste fuerte e innecesario del sistema democrático español y de la convivencia política en nuestro país.

Si, por el contrario, llega una alianza de izquierdas al poder y el PSOE pierde el miedo a ser acusado de romper la unidad de España, se abre la posibilidad de que el nuevo gobierno adopte una posición más abierta, cambie los términos del debate y contribuya a desactivar en parte la demanda independentista. En la actualidad hay un núcleo grande de independentistas que no van a cambiar de postura haga lo que haga el Gobierno de España, pero hay también un segmento importante que opta por la independencia ante el cerrilismo de las instituciones españolas. Una disposición negociadora contribuiría sin duda a que algunos independentistas “accidentales” se replanteasen su postura.

Como ya he defendido en otras ocasiones, creo que un referéndum pactado ente el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sería fundamental para desbloquear la situación actual. No se trata de reconocer un “derecho de autodeterminación” ni nada parecido: el referéndum sería un instrumento político acordado entre las partes para determinar cuál es el apoyo a la secesión. En el acuerdo habría que especificar qué cuenta como una mayoría clara (por ejemplo, al menos la mitad del censo), si el “sí” tiene que ganar en las cuatro provincias, cuánto tiempo habría de transcurrir hasta la celebración de un nuevo referéndum en caso de que ganara el “no”, qué tipo de negociaciones se abrirían en caso de que ganara el “sí”, etcétera.

Se esté de acuerdo o no con la propuesta del referéndum, creo que un gobierno de izquierdas haría lo posible para que el problema catalán no degenere en una crisis institucional profunda, que es lo que va a suceder si el PP continúa en el poder, en solitario o con apoyo de los socialistas. Los acontecimientos en Cataluña, lejos de reforzar la posibilidad de una gran coalición, exigen un cambio político para que un gobierno con una actitud distinta se atreva de una vez a desactivar este conflicto.