LA FEDERACION DEL GRANDE ORIENTE ESPAÑOL, GRANDE ORIENTE ESPAÑOL Y LEPDDHH RECHAZAMOS EL “PIN PARENTAL”

27 DE ENERO DE 2020
RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE EL USO DEL LLAMADO ‘PIN PARENTAL’

“Este veto parental es una censura para la educación de los menores en derechos humanos”

El Gobierno de Murcia, presidido por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y VOX, el pasado septiembre fue el primer ejecutivo autonómico en aprobar el llamado ‘pin parental’, que consiste en un veto para los menores en los centro educativos, que podrían perder actividades complementarias sobre materias tan variadas e importantes como igualdad, violencia de género o discriminación, solo si los progenitores no autorizan expresamente a que acudan.

Hasta ahora, estas actividades han sido impartidas durante la jornada escolar y programadas por los colegios, evaluables y de obligada asistencia, precisamente porque proporcionan a los menores herramientas afectivo-sexuales, son promotoras de derechos humanos y potencian los valores como la igualdad, respeto y tolerancia.

Desde VOX se pretende que esta medida se aplique sobre “cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”. Dichos fundamentos carecen de base, convirtiendo este veto en una suerte de censura para la educación de los menores en derechos humanos. Con dichas actividades no existe intromisión alguna sobre los menores, muy al contrario, su aplicación es una vulneración constitucional del derecho a la educación, que fundamenta que se eduque a los menores en derechos humanos, y en entender cuestiones tan importantes como el acoso escolar, la violencia de género, la identidad de género, el feminismo, la discriminación o la diversidad LGTBI.

El artículo 27.2 de la Constitución Española, establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Así mismo, la Ley de Educación, en su artículo primero, afirma que se debe formar a los menores en “valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

Por tanto, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, previsto en el apartado tercero del mismo artículo 27, no es absoluto, sino que dicha formación tiene que ser, en todo caso, respetuosa con los derechos y libertades fundamentales contemplados en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.

Además, este veto afecta a otros derechos fundamentales como a la libertad de cátedra (art. 20 CE), y a normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Por tanto, si llegase a aplicarse el sistema educativo se tambalearía con la aplicación de este veto parental, que podría suponer una objeción de conciencia no amparada legalmente, la instrumentalización de los menores y de la educación que se imparte en las aulas, sacando de las mismas toda materia que suponga formación en derechos humanos.

Otras organizaciones alertan del peligro que ello conllevaría, como por ejemplo Amnistía Internacional que ha expresado su angustia por la medida, indicando que es tan absurdo que “incluso conllevaría que no pudiese enseñarse a los niños la teoría de la evolución de Darwin”. Además, las actividades que pretende vetar el ‘pin parental’ solo han sido denunciadas en Cataluña, La Rioja y Madrid en número anecdótico, y que fundamentan que la medida es totalmente innecesaria. Ninguna queja o denuncia se ha producido en Murcia.

No obstante, el gobierno central ya ha dado un ultimátum al de Murcia, concediéndole un mes para que retiren este veto parental, advirtiéndoles que si no lo hacen tendrán que acudir a los tribunales para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. La ultraderecha de VOX pide que se implemente el ‘pin parental’ de lo contrario dejará de apoyar el gobierno del PP en Murcia, por lo que no tendría apoyos para conseguir aprobar los presupuestos generales. Dicha censura es una herramienta política que no pretende proteger a los menores, sino que amparándose en la justificación de proteger la libertad de los padres se lesiona la libertad de los hijos a ser formados en una formación integral basada en derechos humanos y valores constitucionales. El propio Papa Francisco ha dicho que los padres “no son dueños de sus hijos, sino que son custodios”.

Rechazamos la medida acordada desde el Gobierno de Murcia, y su posible implementación en otras Comunidades Autónomas, ya que puede hacer que los niños, niñas y adolescentes de este país no puedan desarrollarse en valores de igualdad, respeto y tolerancia, haciendo que los adultos del mañana tengan menos información y herramientas para reconocer la necesidad de medidas contra la discriminación, el acoso, el reconocimiento de la diversidad afectiva y sexual o el pluralismo. En definitiva, supondría limitar los derechos y libertad de nuestros menores y restringir las oportunidades que ofrecen los estados democráticos.

MARRUECOS AMENAZA AMPLIAR AGUAS QUE NO LE CORRESPONDEN

El Grande Oriente Español, la Federación del Grande Oriente Español y el Supremo Consejo del Grado 33 del Grande Oriente Español. Piden al Gobierno de España que apoyo al Pueblo Saharaui y haga frente a las provocaciones del Reino de Marruecos.
Declaración del Sr Mhamd Jadad
Miembro del Secretariado Nacional y Responsable del Comité de Relaciones Exteriores del Frente POLISARIO
Bir Lehlou, 22 de enero de 2020

La persistencia de Marruecos en su política expansionista es una consecuencia directa del incumplimiento por parte de España de su responsabilidad jurídica e histórica hacia el Sahara Occidental

El parlamento marroquí ha aprobado este miércoles dos proyectos de ley relacionados con el establecimiento de la zona económica exclusiva y la delimitación de las fronteras marítimas de Marruecos que pretende anexionarse de las aguas adyacentes al Sahara Occidental.

Condenamos enérgicamente estos proyectos de ley marroquíes que no son más que otro episodio del expansionismo marroquí del que ha sufrido toda la región. Este acto también se produce en el marco de la campaña desesperada llevada a cabo por Marruecos para legitimar su ocupación ilegal de partes del Sahara Occidental mediante los sobornos y la involucración de entidades extranjeras en su aventura colonial en la parte ocupada de nuestro territorio nacional.

La ley marroquí expansionista, que igualmente pretende anexionarse de las aguas territoriales adyacentes a las Islas Canarias y otros territorios españoles, es también una consecuencia directa del fracaso de España, siendo la potentica administradora del Sahara Occidental, para cumplir con su responsabilidad jurídica e histórica de descolonizar el territorio saharaui conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU por un lado, y la sumisión injustificada de España a la política de chantaje marroquí, por otro lado.

El gobierno español debe ser consciente de que las llamadas “fronteras auténticas” de Marruecos, que representan el epítome del expansionismo marroquí, no tienen límites. Por lo tanto, ahora existe una oportunidad para que la España democrática y su gobierno progresista rectifiquen este gran error histórico y asuman sus responsabilidades históricas, jurídicas y morales hacia el pueblo saharaui y sus derechos inalienables a la autodeterminación, la independencia y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. El gobierno español también debe reconocer que hacer más concesiones a la política de chantaje a la que Marruecos viene sometiendo a España solo alentará a Marruecos a persistir en su expansionismo del que el pueblo saharaui sigue sufriendo desde que Marruecos ocupó al Sahara Occidental por la fuerza en octubre de 1975 con la complicidad de las autoridades españolas de entonces.

En cualquier caso, la ley marroquí que pretende anexionarse de las aguas del Sahara Occidental no tiene ningún fundamento jurídico y es simplemente un acto de propaganda. La comunidad internacional, que nunca ha reconocido la ocupación ilegal por Marruecos de partes del Sahara Occidental, lo considerará solo como otro intento marroquí desesperado para desviar la atención de la aguda crisis estructural que padece el régimen marroquí.

El Frente POLISARIO examinará las medidas que se adoptan en los procedimientos judiciales que ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea, y seguirá con interés las medidas que tomará España en este aspecto. De ser necesario, no dudará en someter el asunto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se establezca que estas leyes son nulas y sin valor.