EL MINISTERIO DEL INTERIOR ESPAÑOL PERMITE A MARRUECOS VIOLAR LAS LEYES

Expulsión de 13 inmigrantes
La Abogacía denuncia que Interior vulneró la ley al permitir que Marruecos entrase en Perejil Las Fuerzas marroquíes se introdujeron en Perejil para detener a los subsaharianos
La Delegación del Gobierno afirma que se trató de una acción conjunta
Las ONG afirman que la Guardia Civil no actuó y sólo los marroquíes entraron en El Peñón
El Consejo de General de la Abogacía pide a la Fiscalía que actúe
Un ciudadano marroquí, observa el islote de Perejil, en una foto de archivo de 2003. JESÚS MORÓN
ANA DEL BARRIO Madrid Actualizado: 04/06/2014 16:25 horas 10 El Consejo General de la Abogacía ha denunciado que el Ministerio del Interior vulneró la ley al permitir que 32 gendarmes de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes entrasen ayer en el islote español de Perejil para detener a 13 inmigrantes africanos y devolverlos a Marruecos.

La Abogacía española acusa al Gobierno de no respetar los derechos de esas personas, que “pese a encontrarse en territorio español, la isla de Perejil, fueron entregadas sin el cumplimiento de ninguna formalidad legal a fuerzas policiales marroquíes”, según asegura en un comunicado.

El Consejo General de la Abogacía denuncia la “gravedad de la actuación” de Interior, ya que algunas de esas 13 personas podrían ser solicitantes de asilo puesto que procedían de la República Centroafricana y podían haber reclamado asistencia letrada.

“Hace pocos años el Gobierno montó un gran operativo militar para defender la soberanía nacional en ese mismo islote. Ayer, sin que de momento se haya dado una explicación, se permitió a la policía marroquí acceder a ese mismo territorio -eludiendo las obligaciones que la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley exigen de las autoridades españolas- cuando un grupo de personas, algunos de los cuales eran menores de edad, solicitantes de asilo y procedentes de zonas en conflicto, se encontraba allí, es decir, en territorio español”, afirma el Consejo General de la Abogacía.

En el texto, los abogados instan además a la Fiscalía General del Estado a que actúe “para depurar cualquier tipo de responsabilidad, individual y colegiada, en la que se pudiera haber incurrido”.

Avistados por un helicóptero español
En la mañana de ayer, la Guardia Civil localizó a 13 inmigrantes en la isla de Perejil, un peñón situado a 200 metros de la costa marroquí y cercano a la ciudad autónoma de Ceuta. Un helicóptero español los avistó y alertó a las autoridades marroquíes.

Por la tarde, las Fuerzas Auxiliares marroquíes entraron en el Peñón, detuvieron a los inmigrantes y los trasladaron a Marruecos. Según la Delegación del Gobierno en Ceuta, se trató de una acción conjunta entre España y el Reino alauí.

Sin embargo, el colectivo Caminando Fronteras, que estuvo en contacto telefónico con los inmigrantes, relata que la Guardia Civil asistió impasible a la incursión de las Fuerzas marroquíes en el Peñón. “Se ha vendido una acción conjunta que no se ha producido. La Guardia Civil no se acercó y se limitó a observar desde un helicóptero y desde las lanchas cómo 32 gendarmes marroquíes armados con palos entraban en territorio español para llevarse a los inmigrantes, algunos de los cuales fueron golpeados. Esta actuación es grave, ya que se están abriendo vías muy peligrosas para las propiedades españolas en la zona”, declara Helena Maleno, activista de Caminando Fronteras.

El enfrentamiento por Perejil
La isla de Perejil fue objeto de un agrio conflicto entre España y Marruecos en el año 2002, cuando 12 gendarmes marroquíes invadieron el islote. Una semana después, tropas españolas desalojaron el Peñón en una operación de madrugada, realizada “al alba, y con un tiempo duro con viento de levante de 35 nudos”, parafraseando al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

En aquella ocasión, el Gobierno de José María Aznar defendió la españolidad del Peñón a capa y espada. La crisis se zanjó con un acuerdo firmado entre España y Marruecos, gracias a la colaboración del entonces secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, para restablecer el ‘statu quo’ anterior al 11 de julio.

De hecho, la Delegación del Gobierno en Ceuta se escuda ahora en ese acuerdo para justificar la actuación del Ejecutivo español. Según su versión, existe un acuerdo verbal con Marruecos que establece que cuando alguien accede a la isla de Perejil desde el lado marroquí es el Reino alauí quien se encarga de la devolución, mientras que si lo hace desde Ceuta es el Ejecutivo español quien se ocupa del traslado.

‘En la frontera sur se ha instalado un estado de excepción donde no rige el Estado de Derecho’, dicen las ONG
En aquel pacto de 2002, firmado por la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio y su homólogo marroquí, Mohamed Benaisa, se incluía “la retirada y ausencia de todas las fuerzas y funcionarios de Gobierno, uniformados o no, de la isla y la eliminación y ausencia de todo cartel, bandera u otro símbolo de soberanía de la isla, con el entendimiento de que el uso de la isla y el espacio aéreo y marino circundante será consecuente con la actividad previa a julio”.

Sin embargo, en el texto no se hace ninguna alusión a quién se ocupa de devolver a las personas que se introducen en el peñón español. Según la versión de la Delegación del Gobierno de Ceuta, este punto se desarrolló con posterioridad mediante un acuerdo verbal.

“En la frontera sur se ha instalado un estado de excepción donde no rige el Estado de Derecho. En Ceuta, Melilla, el Estrecho y en estos islotes, el Gobierno retranquea la frontera para crear espacios de impunidad”, asevera Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, que ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo.

Desde el Consejo General de la Abogacía llevan tiempo denunciando la cada vez más frecuente cesión de soberanía a Marruecos. El Ejército marroquí también entró en territorio español el pasado mes de marzo para devolver a unos subsaharianos que habían intentado alcanzar la valla de Melilla.

“Le hemos hecho otro regalo a Marruecos. Si la Policía marroquí puede entrar en el Peñón de Perejil y detener a la gente, ¿cómo les vas a decir luego que eso no es territorio marroquí? Es indignante que se salten a la torera la ley y los Derechos Humanos de esta forma”, critica Paco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

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