UCRANIA SE ROMPE ¿A QUIEN INTERESA?

Regiones del sureste de Ucrania tachan de ilegítimas de las últimas decisiones del Parlamento
Los dirigentes de las regiones del sureste de Ucrania han denunciado como ilegítimas las medidas adoptadas en las últimas horas por el Parlamento ucraniano, que se han tomado “bajo la amenaza de la violencia”.
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“Nosotros, autoridades locales de todos los niveles, el Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea, región de Sevastopol, hemos decidido asumir la responsabilidad del orden constitucional y de los derechos de los ciudadanos en su territorio”, según la resolución adoptada en el encuentro de responsables públicos de los consejos locales del sureste de Ucrania.
Dicha resolución entiende que los últimos actos legislativos, desde la modificación del código penal para garantizar la liberación de los detenidos por las protestas hasta la decisión de excarcelar a la ex primera ministra Yulia Timoschenko “no son legales ni legítimas”, y han sido tomadas bajo condiciones “de terror, amenazas de violencia y muerte”.
El alcalde de Jarkiv (también conocida como Kharkiv), Gennadi Kernes, ha declarado que el encuentro es “un intento de los funcionarios cualificados del este del país para estabilizar la situación”. “Mis colegas y yo nos hemos visto amenazados personalmente, pero hoy venimos aquí a decir que no nos rendiremos, y que lucharemos hasta el final”, aseguró en declaraciones recogidas por Russia Today.
El gobernador de la región, Mijail Dobkin, se ha mostrado más moderado tras limitarse a decir que “las decisiones adoptadas por el Parlamento en tales circunstancias siembra dudas sobre su (…) legitimidad y legalidad”. Sin embargo, ha garantizado que no tiene ambiciones separatistas. “No estamos preparándonos para romper el país. Queremos conservarlo”, ha asegurado.
En cualquier caso, Dobkin ha reconocido que “los órganos del Estado central están paralizados”. “Hasta que se restauren el orden constitucional y legalidad (…) hemos decidido asumir la responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional, la legalidad, los derechos de los ciudadanos y su seguridad en nuestros territorios”, ha añadido.

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